CONSIDERANDO: Que la primera infancia es el período de crecimiento más importante de la vida humana, y que el acceso a cuidado, educación, salud y nutrición, y protección social y especial son cruciales para asegurar el pleno desarrollo, presente y futuro, de los niños y niñas.

 Que la inversión en primera infancia es la inversión más redituable que los países pueden hacer y está ampliamente reconocida como una estrategia costo efectiva para el desarrollo con inclusión.

 Que en los últimos 15 años ha habido avances en América Latina y el Caribe en materia de políticas de desarrollo infantil temprano. Varios países han desarrollado políticas integrales de primera infancia, estrategias, o planes nacionales de infancia. El desarrollo y adopción de políticas integrales de primera infancia es hoy más la norma que la excepción en los países de América Latina y el Caribe. 

Que también ha habido una amplia expansión en el acceso a la educación preescolar y se ha comenzado a consolidar la colaboración entre diferentes actores comprometidos con el desarrollo integral de la primera infancia, tales como la sociedad civil y el sector privado.

Que a pesar de los avances, aún persisten grandes desafíos especialmente en términos de implementación de las políticas a escala con calidad y equidad. Las políticas no siempre han logrado traducirse en mejores servicios y atenciones a lo largo y ancho de los territorios nacionales.

Que la Agenda Regional por la Primera Infancia ha sido un instrumento altamente valioso para los distintos países y actores de la región para orientar los esfuerzos destinados a fortalecer políticas públicas y promover la responsabilidad regional de las políticas y programas de desarrollo de primera infancia de alta calidad. Además, al definir prioridades comunes, la Agenda también ha logrado promover la colaboración y el intercambio de experiencias a nivel nacional y regional para el fortalecimiento de las políticas de primera infancia. Que, considerando los desafíos pendientes, resulta esencial continuar potenciando y alertando sobre la importancia del desarrollo infantil temprano como una prioridad de agenda pública en todos los países de la región. Que, en este sentido, los diferentes sectores gubernamental, sociedad civil, sector privado, organismos de cooperación y academia de varios países de América Latina y el Caribe hoy aquí reunidos, hacemos un llamado a toda la región a reafirmar y avanzar el compromiso político y social con la Agenda Regional por el Desarrollo Integral de la Primera Infancia y lograr nuevos compromisos que permitan seguir avanzando en el cumplimiento de los derechos y el bienestar de la niñez. 

A TAL FIN, ACORDAMOS:
ACUERDO 1 Intersectorialidad y financiamiento

 Colocar a todas las niñas, niños y sus familias, en toda su diversidad, en el centro de la discusión y la acción, y asegurar que las políticas de primera infancia tengan como eje organizador una garantía de acceso a un paquete de prestaciones integrales y prioritarias basadas en evidencia para el pleno desarrollo de la primera infancia. Los Estados deben liderar la adopción, con carácter obligatorio, de paquetes explícitos de prestaciones de calidad para avanzar en la garantía de los derechos de las niñas y niños.

Es imprescindible acompañar el paquete de prestaciones con asignaciones presupuestarias directamente ligadas a su cumplimiento y con mecanismos institucionales claros para el seguimiento de la ejecución del presupuesto y la medición del avance en cumplimiento de este. Reconociendo los desafíos fiscales que enfrentan los países, la definición de las prestaciones debe ser hecha en base a su impacto esperado sobre el desarrollo infantil, y deben establecerse los mecanismos legales necesarios para blindar los presupuestos asociados a lo largo del tiempo. Las autoridades presupuestarias deben tener un rol activo en las gestiones correspondientes a través de los procesos de programación presupuestaria orientada a resultados, y generando los incentivos correctos para los efectores y/o prestadores. 

ACUERDO 2
Calidad de los servicios de desarrollo infantil

Reafirmar que es imprescindible garantizar la calidad de los servicios y atenciones orientadas a la primera infancia. Que la atención integral de calidad implica como mínimo: El reconocimiento de los niños como sujetos de derecho; el desarrollo y reconocimiento del talento humano que trabaja con la primera infancia; y el fortalecimiento a las familias junto con un esquema de protección social adecuado, para que puedan cumplir un rol central en el desarrollo de la niñez.

 Asegurar la calidad de los servicios que impactan a la primera infancia requiere el establecimiento y adecuado funcionamiento de un sistema de gobernanza que regule a todos los prestadores públicos y privados. La existencia de estándares de calidad es imprescindible. Dichos estándares deben reflejar los no negociables respecto de la calidad estructural y de procesos e ir evolucionando según las capacidades y viabilidad de cada país y las necesidades de distintas poblaciones. Los Estados deben medir y monitorear de manera sistemática el cumplimiento de dichos estándares. Y, al mismo tiempo, tener los instrumentos e incentivos necesarios para asegurar que se implementen planes de mejora (con recursos asociados) para hacerlos una realidad tanto en el sector público como el privado.

ACUERDO 3
Medición del desarrollo infantil

Reafirmamos la importancia de continuar construyendo sistemas de medición del desarrollo infantil a partir de los avances realizados en los últimos años, tanto a través de encuestas y estudios poblacionales como de sistemas de seguimiento niño a niño en las rutas de atenciones integrales. Consideramos de suma importancia que todos los países de la región avancen en tener sistemas de medición consistentes y comparables a nivel regional y que la información esté disponible de forma transparente para su uso generalizado y así se traduzca en mejores políticas y programas.

 Convocamos a que todos los países desarrollen planes de utilización de la información recolectada tanto a nivel de estudios poblacionales como de mediciones nominadas, con desagregación de datos para capturar la diversidad y promover equidad. Dichos planes deben incluir estrategias de capacitación y sensibilización, no solo en los entes directamente a cargo de las mediciones sino en los entes responsables por el diseño e implementación de las políticas de primera infancia y para la ciudadanía en general, con el fin de desarrollar una verdadera cultura del uso de evidencia.

 Expresamos nuestro reconocimiento al trabajo realizado por la Red Regional de Medición del Desarrollo Infantil (REMDI) desde su creación en 2019 y destacamos su importancia estratégica como instrumento de colaboración a nivel regional para el desarrollo de capacidades, el intercambio de conocimiento y la promoción de buenas prácticas en la medición del desarrollo infantil. Hacemos un llamado a su consolidación como mecanismo de asistencia técnica entre países y convocamos a los organismos de cooperación a que apoyen sus esfuerzos en esta materia.

ACUERDO 4
Colaboración y alianzas

Consolidar las estructuras y alianzas multisectoriales que articulen de manera efectiva y coordinada las políticas públicas dirigidas a la primera infancia en todos los países de la región. Estas estructuras deben estar diseñadas para asegurar la participación activa de representantes de la sociedad civil, a través de mecanismos vinculantes, en todas las etapas del proceso: desde la formulación hasta la financiación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas integrales para la primera infancia.

Además, dichas estructuras deben estar respaldadas por un marco normativo sólido que garantice mecanismos de gobernanza representativa y permanente en todos los niveles territoriales y sectores relacionados con el desarrollo integral de la primera infancia. Este enfoque garantizará que las políticas públicas sean inclusivas y respondan a las realidades territoriales, socioeconómicas y poblacionales específicas de cada país, promoviendo una coordinación efectiva entre actores gubernamentales, de la sociedad civil y la cooperación internacional.

Para una participación efectiva de la sociedad civil, los Estados deben garantizar la existencia de sistemas de información públicos, accesibles, desagregados y oportunos, que permitan una rendición de cuentas efectiva y vigilancia constante sobre los compromisos adquiridos por los Estados, así como sobre sus propias contribuciones en el proceso...

ACUERDO 5
Inclusión y equidad

 Enfatizar que es imperativo reconocer la urgencia de la acción decidida de garantizar que todas las niñas y los niños, sin distingo, pueden disfrutar de las condiciones que aseguren su desarrollo integral y sus derechos. La planeación legislativa, los marcos de política y las prestaciones públicas deben adoptar un enfoque diferencial, que responda a las necesidades, desigualdades y vulnerabilidades de diversos grupos, reconociendo, valorando y respondiendo de manera pertinente a las diferentes características, intereses, expectativas y capacidades de todas las niñas y los niños.

Garantizar el acceso equitativo a la protección integral y especial, basada en la ruta de atención integral, para niñas y niños en movimiento, especialmente aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad, eliminando las barreras legales y administrativas que limitan su acceso a servicios, asegurando que estos sean accesibles, inclusivos y culturalmente pertinentes. Es impostergable, la generación e implementación de estrategias de apoyo psicosocial tanto para niñas y niños como para sus cuidadores, para el manejo del estrés y los traumas del proceso migratorio, promoviendo su integración, su participación en las comunidades de acogida y su bienestar emocional y psicológico. Finalmente, el seguimiento de la información de niñez en movilidad, y su acceso a servicios, a través de la generación de evidencia que informe al Estado y otros actores es esencial.

Llamar a la construcción e implementación participativa de políticas y programas de desarrollo infantil con y para los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y demás grupos étnicos. Insistimos en el respeto a las instancias de diálogo y consulta, en el marco de la autonomía y derecho a la libre autodeterminación. Llamar la atención a las desigualdades estructurales y el impacto negativo que tiene el racismo y la discriminación en todas sus formas para la primera infancia, convocando al diseño de políticas antirracistas.